Deuda externa, honor y equidad - INFOBAE

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Por Jose Ignacio Garcia Hamilton
En 1876, cuando nuestro país enfrentaba una crisis por la abultada deuda externa y el default parecía inminente, el presidente Nicolás Avellaneda se dirigió a la Asamblea Legislativa para expresar que los "tenedores de bonos argentinos deben reposar tranquilos, porque la Argentina puede estar dividida hondamente en partidos políticos, pero el honor y el crédito ante los pueblos extranjeros es, como la bandera y el nombre, uno solo". Todos los habitantes -agregó- economizarán "hasta sobre su hambre y su sed para responder a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros".

El mandatario realizó economías en el presupuesto (disminuyó subvenciones a las provincias, el número de empleados y gastos por sueldos, jubilaciones y pensiones) y, en poco tiempo, la república recuperó su ritmo de crecimiento y las fuentes de crédito.

Las clases dirigentes compartían entonces el criterio que se había plasmado en la Constitución de 1853, en el sentido de que el gobierno no podía afectar las libertades ni los bienes de ningún ciudadano y tampoco de los extranjeros, fueran o no residentes. En 1891 Leandro Alem, creador del Partido Radical, reclamaba que el gobierno de Pellegrini pusiera límite a las emisiones de moneda sin garantía, que producen el encarecimiento de la vida e imposibilitan la venida del capital y población extranjera. Denunciaba también que el presidente hubiera creado "un banco sin capital ni crédito, al que agrega el sarcasmo de darle el nombre de 'la Nación Argentina', que será un medio político sujeto a las influencias partidistas y perturbador del orden social".

Juan B. Justo, a su vez, inspirador del Partido Socialista, propugnaba los impuestos a la propiedad territorial para costear la educación pública y promover mejoras por la vía legislativa, pero se opuso a los aranceles aduaneros que encarecían los productos y afectaban el nivel de vida de los trabajadores, como también a los impuestos al consumo (a la sal, arroz, azúcar e indumentaria de algodón). En su ensayo de 1909, "Economía, Valor e Interés", denunció a los gobiernos corruptos que, al envilecer el signo monetario, disminuían el poder adquisitivo de los obreros. Al producirse la revolución rusa de 1917, Juan B. Justo rechazó la violencia y la confiscación de fábricas y tierras, y argumentó que se trataba de medidas dictatoriales que afectarían la productividad y el desarrollo técnico, disminuyendo los ingresos reales del pueblo. Hasta el fin de sus días el líder socialista criticó la "política criolla" de la dádiva y el paternalismo, por entender que fomentaba un caudillismo de tipo feudal contrario a las libertades y el progreso económico y social.

El sistema de creencias compartidas inaugurado en 1853 con la Constitución, que nos había llevado en seis décadas a ser uno de los países más ricos y con mejores salarios del mundo, empezó a resquebrajarse en 1907, cuando Figueroa Alcorta decretó la reserva de los hidrocarburos del subsuelo a favor del Estado. Una década después Yrigoyen congelaba los alquileres y generalizó la práctica de nombrar empleados públicos sin tareas ciertas. Después de 1947 se obligó a los trabajadores a aportar dos salarios por año (los del 1º de mayo y el 12 de octubre) a favor de la Fundación Eva Perón y la costumbre de "regalar lo ajeno" se constituyó en moneda corriente para todos los gobiernos civiles y militares. La dilapidación de las reservas en oro, la emisión inflacionaria y el endeudamiento externo fueron los principales instrumentos por los cuales los gobiernos dictatoriales y los formalmente constitucionales realizaron fenomenales trasferencias de riquezas en beneficio de ciertos sectores y en perjuicio de las mayorías a las que muchas veces se decía defender. La existencia de empresarios prebendarios con mercados cautivos, dirigentes gremiales enriquecidos mediante la corrupción de los fondos sindicales y funcionarios beneficiados con jubilaciones de privilegio fueron constituyendo una sociedad cada vez más pobre e inequitativa.

La propuesta del gobierno, de aplicar una quita del 75% a los bonos de los acreedores privados externos (hay más de 400.000 ciudadanos italianos que los poseen) y a los que pertenecen a las AFJP que administran el dinero de nuestros jubilados, mientras se paga la totalidad al FMI que demagógicamente se denosta, se inscribe en esa mala doctrina que permite a los gobiernos expropiar a un sector para beneficiar a otro. Una mirada a nuestra historia, acaso, nos pueda hacer comprender cuáles fueron las actitudes que, además de cuidar el honor nacional, nos hicieron progresar y enriquecernos como república a través de la simple observancia de nuestro sistema institucional.