[Capítulo IV: Fallas en nuestra economía de mercado] Justicialismo y Mercado
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Justicialismo y Mercado
por Carlos Menem (en Infobae)
Releyendo el Sistema económico y rentístico del genial Juan Bautista Alberdi, me detuve en sus advertencias acerca “de cómo las garantías económicas de la Constitución pueden ser derogadas por las leyes que se diesen para garantizar su ejercicio”, en una suerte de triquiñuela jurídica y política violando, claro está, la regla jerárquica prescripta en el artículo 28 de nuestra Carta Fundamental.
Los principios protectores de la sociedad frente al Estado, incluyendo el de la “libertad de mercado”, fueron expresamente consagrados por nuestros constituyentes (arts. 14, 17 y 18) y también por otro genio jurídico, el de Vélez Sarsfield, en el art. 1197 del Código Civil.
Así fue fundada nuestra Nación y así explotó en un crecimiento extraordinario y fue paraíso de todos los hombres de buena voluntad que vinieron a poblarla hasta que, a partir de los años ’30 del siglo pasado, comenzó la era de las regulaciones y del intervencionismo del Estado, especialmente a través de sus empresas, es decir, como un capitalista dominante del mercado.
Es cierto que estas políticas se justificaron, primero, como paliativo a la grave crisis económica de la época y, después, como herramienta para la reconstrucción de posguerra (incluso para nosotros, en un temprano fenómeno de globalización). Lo grave fue su prolongación más allá de las exigencias circunstanciales.
Así, a pesar de Alberdi y de Vélez Sarsfield, construimos un Estado sofocante, reglamentarista, intervencionista, empresario, monopólico. También deficitario, inflacionista, decadente, etcétera.
Cuando nos hicimos cargo del gobierno, en 1989, en medio de un estado de disolución social, advertimos que nuestro principal problema económico residía en la desaparición del mercado. En un sistema donde toda actividad económica se encontraba regulada, donde la propiedad de los principales medios de producción era estatal (en realidad, dominio de los burócratas y de las empresas privadas dominantes), donde, por la inflación, ya no había más moneda, la “autonomía de la voluntad” y la libertad contractual, que son la base del mercado, se habían convertido en letra muerta.
En nuestro gobierno impulsamos una profunda revolución, un nuevo acuerdo entre el Estado y la sociedad, orientada a la reinstalación de los principios constitucionales, en un marco de solidaridad y justicia social. Por eso, a la par del incremento extraordinario de las inversiones, del PBI, de las reservas monetarias, disminuyeron el índice de pobreza, la mortalidad infantil, la desocupación, el delito. Se reconstruyó el orden público, la convivencia, la libertad de trabajo (que supone, también, la libertad de trasladarse al trabajo), el respeto por los contratos, el valor de la moneda.
No establecimos, ni lejanamente, un sistema económico “liberal” o, como suele decirse, de “capitalismo salvaje”. La libertad de mercado –la consagrada en nuestra Constitución– nada tiene que ver con la ideología liberal.
No es “liberal” Juan Pablo II cuando, en la Encíclica Centesimus Annus (1991), defiende el “derecho humano a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sector de la economía”, o cuando afirma: “Donde la sociedad se organiza reduciendo de manera arbitraria o incluso eliminando el ámbito en que se ejercita legítimamente la libertad, el resultado es la desorganización y la decadencia progresiva de la vida social”; lo mismo “donde el interés individual es suprimido violentamente (y) es sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad”.
Esto no es defender el “capitalismo primitivo”, afectado de “carencias humanas (por) el dominio de las cosas sobre los hombres”, el que no debe ser reemplazado por un “capitalismo de Estado” sino por un sistema social basado “en el trabajo libre, en la empresa y en la participación”.
Así, “el libre mercado (parece ser) el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades”, aunque sólo para los bienes “transables” y no para las “necesidades humanas fundamentales... (aquello) que es debido al hombre porque es hombre”, como también frente a los “bienes colectivos” como “el ambiente natural y el ambiente humano”, especialmente la familia, que siempre se presentarán como “límites al mercado”.
El Papa admite la moralidad de “un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía...”, naturalmente en un marco jurídico de respeto a los derechos humanos, de solidaridad y justicia.
Se trata de la “economía de mercado”, garantizando “la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes”, conforme con el principio de subsidiariedad.
No es en la escuela de Chicago sino en la doctrina social de la Iglesia en la que siempre se inspiró el justicialismo. Algunos equivocados o falsos peronistas quieren hoy sustituir estos principios por un sistema intervencionista y decadente, el denominado Estado asistencial, al que el Papa le dedica, por ejemplo, estas líneas: “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos” (Ns. 24, 25, 33, 34, 35, 40, 42, 48).
No permitamos la destrucción de lo que con tanto esfuerzo hemos construido.
Nota completa: Infobae
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Posted by Alberdi & Urquiza to Capítulo IV: Fallas en nuestra economía de mercado at 8/16/2004 04:31:00 PM
Justicialismo y Mercado
por Carlos Menem (en Infobae)
Releyendo el Sistema económico y rentístico del genial Juan Bautista Alberdi, me detuve en sus advertencias acerca “de cómo las garantías económicas de la Constitución pueden ser derogadas por las leyes que se diesen para garantizar su ejercicio”, en una suerte de triquiñuela jurídica y política violando, claro está, la regla jerárquica prescripta en el artículo 28 de nuestra Carta Fundamental.
Los principios protectores de la sociedad frente al Estado, incluyendo el de la “libertad de mercado”, fueron expresamente consagrados por nuestros constituyentes (arts. 14, 17 y 18) y también por otro genio jurídico, el de Vélez Sarsfield, en el art. 1197 del Código Civil.
Así fue fundada nuestra Nación y así explotó en un crecimiento extraordinario y fue paraíso de todos los hombres de buena voluntad que vinieron a poblarla hasta que, a partir de los años ’30 del siglo pasado, comenzó la era de las regulaciones y del intervencionismo del Estado, especialmente a través de sus empresas, es decir, como un capitalista dominante del mercado.
Es cierto que estas políticas se justificaron, primero, como paliativo a la grave crisis económica de la época y, después, como herramienta para la reconstrucción de posguerra (incluso para nosotros, en un temprano fenómeno de globalización). Lo grave fue su prolongación más allá de las exigencias circunstanciales.
Así, a pesar de Alberdi y de Vélez Sarsfield, construimos un Estado sofocante, reglamentarista, intervencionista, empresario, monopólico. También deficitario, inflacionista, decadente, etcétera.
Cuando nos hicimos cargo del gobierno, en 1989, en medio de un estado de disolución social, advertimos que nuestro principal problema económico residía en la desaparición del mercado. En un sistema donde toda actividad económica se encontraba regulada, donde la propiedad de los principales medios de producción era estatal (en realidad, dominio de los burócratas y de las empresas privadas dominantes), donde, por la inflación, ya no había más moneda, la “autonomía de la voluntad” y la libertad contractual, que son la base del mercado, se habían convertido en letra muerta.
En nuestro gobierno impulsamos una profunda revolución, un nuevo acuerdo entre el Estado y la sociedad, orientada a la reinstalación de los principios constitucionales, en un marco de solidaridad y justicia social. Por eso, a la par del incremento extraordinario de las inversiones, del PBI, de las reservas monetarias, disminuyeron el índice de pobreza, la mortalidad infantil, la desocupación, el delito. Se reconstruyó el orden público, la convivencia, la libertad de trabajo (que supone, también, la libertad de trasladarse al trabajo), el respeto por los contratos, el valor de la moneda.
No establecimos, ni lejanamente, un sistema económico “liberal” o, como suele decirse, de “capitalismo salvaje”. La libertad de mercado –la consagrada en nuestra Constitución– nada tiene que ver con la ideología liberal.
No es “liberal” Juan Pablo II cuando, en la Encíclica Centesimus Annus (1991), defiende el “derecho humano a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad en el sector de la economía”, o cuando afirma: “Donde la sociedad se organiza reduciendo de manera arbitraria o incluso eliminando el ámbito en que se ejercita legítimamente la libertad, el resultado es la desorganización y la decadencia progresiva de la vida social”; lo mismo “donde el interés individual es suprimido violentamente (y) es sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad”.
Esto no es defender el “capitalismo primitivo”, afectado de “carencias humanas (por) el dominio de las cosas sobre los hombres”, el que no debe ser reemplazado por un “capitalismo de Estado” sino por un sistema social basado “en el trabajo libre, en la empresa y en la participación”.
Así, “el libre mercado (parece ser) el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades”, aunque sólo para los bienes “transables” y no para las “necesidades humanas fundamentales... (aquello) que es debido al hombre porque es hombre”, como también frente a los “bienes colectivos” como “el ambiente natural y el ambiente humano”, especialmente la familia, que siempre se presentarán como “límites al mercado”.
El Papa admite la moralidad de “un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía...”, naturalmente en un marco jurídico de respeto a los derechos humanos, de solidaridad y justicia.
Se trata de la “economía de mercado”, garantizando “la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes”, conforme con el principio de subsidiariedad.
No es en la escuela de Chicago sino en la doctrina social de la Iglesia en la que siempre se inspiró el justicialismo. Algunos equivocados o falsos peronistas quieren hoy sustituir estos principios por un sistema intervencionista y decadente, el denominado Estado asistencial, al que el Papa le dedica, por ejemplo, estas líneas: “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos” (Ns. 24, 25, 33, 34, 35, 40, 42, 48).
No permitamos la destrucción de lo que con tanto esfuerzo hemos construido.
Nota completa: Infobae
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Posted by Alberdi & Urquiza to Capítulo IV: Fallas en nuestra economía de mercado at 8/16/2004 04:31:00 PM
posted by Pablo Presas at 7:33 p.m.
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